La licencia social es una especie de ingeniería social y política para asegurar que a largo plazo, cierto tipo de actividades empresariales sean rentables
Gustavo Ampugnani
Director ejecutivo de Greenpeace México
En términos generales, los principales medios de comunicación lo calificaron como una decisión histórica. No es para menos. La resolución del tribunal holandés sobre el caso Amigos de la Tierra vs Shell, de mayo pasado, sienta un precedente muy importante – van varios en distintos países-; ya que obliga a una empresa petrolera a ser más ambiciosa en sus planes de descarbonización.
Y más allá de lo específico de la resolución en sí, la significación de la misma demuestra que la licencia social que tenían las grandes empresas contaminantes del clima y del medio ambiente se va erosionando poco a poco. A tal punto que, la justicia ya no es condescendiente de sus acciones.
La importancia de erosionar la licencia social de las empresas
¿A qué me refiero con licencia social? Imaginemos que una empresa quiere extraer petróleo del Ártico o de aguas profundas. Para eso, requiere de permisos formales que otorgan los organismos gubernamentales reguladores de esas actividades en determinado país. Detrás de esos reguladores de gobierno hay burócratas, y más atrás, políticos del poder legislativo o ejecutivo.
Los burócratas y los políticos solo permitirán tales actividades de exploración y explotación -en un contexto de Cambio Climático acelerado y ocasionado justamente por la búsqueda y uso de combustibles fósiles como petróleo o gas- si piensan que no serán cuestionados electoralmente por tales decisiones.
Por lo tanto, tal empresa necesitaría de una “licencia social” o suerte de permiso informal de los votantes para llevar a cabo sus actividades petroleras; de manera que los políticos le otorguen los permisos formales sin cuestionamientos públicos. Cuando las actividades se tornan más controvertidas -como fue hace casi 10 años la insistencia de Shell en extraer más petróleo del Ártico estadounidense-, una empresa deberá trabajar muy duro para generar la impresión; tanto de gobiernos como del espectro político, que respaldar sus actividades no derivará en un impacto político negativo.
Así, “licencia social” es una especie de ingeniería social y política para asegurar que en el largo plazo, cierto tipo de actividades empresariales son rentables. Durante años, Greenpeace ha documentado cómo empresas petroleras han invertido cientos de millones de dólares en comprar buenas voluntades de sectores específicos de la sociedad.
Estrategias de licencia social
Algunas formas en la que las empresas logran lo anterior incluyen: el cabildeo directo a políticos y reguladores para conseguir apoyo a sus proyectos; la ubicación de su personal en la estructura gubernamental a forma de “préstamo”; la publicidad y el auspicio de eventos deportivos masivos o culturales para ganarse una aceptación pública generalizada; las estrategias de “inversión o responsabilidad social” -muy común en México– que buscan ganarse el afecto de las comunidades directamente afectadas que, eventualmente, podrían oponerse a sus proyectos y actividades.
Lo que las empresas buscan, sean petroleras, mineras, eléctricas, biotecnológicas, químicas, etc., es construir y mantener una licencia social; que les permita operar en un área o región de forma legítima y sin cuestionamientos. El problema es que en la mayoría de los casos, el tipo de actividades que realizan es altamente depredador del ambiente, despojan los derechos de las comunidades sobre sus recursos y su salud, y daña el clima.
La robustez climática de la resolución contra Shell
La queja de Amigos de la Tierra y otras organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace, se presentó para demandar que Shell redujera sus emisiones de CO2 de manera más rápida y ambiciosa. Lo anterior, al considerarse que los planes de transición energética y sustentabilidad de la petrolera no estaban lo suficientemente alineados con los objetivos estipulados en el Acuerdo de París y buscan prevenir un cambio climático fuera de control.
Al menos desde 2019, Shell presenta sus estrategias de descarbonización. No obstante, tanto sus metas como la manera de lograrlas, no eran consistentes con la urgencia que la acción climática requiere para estabilizar el aumento de la temperatura en rangos seguros para el planeta. En esto se basó la demanda de las organizaciones ecologistas en representación del interés común de 17 mil 379 individuos.
El tribunal de distrito de La Haya tuvo que resolver una cuestión toral, eje de muchos litigios por el clima que brotan por todo el mundo: qué tanto una empresa tiene o no la obligación de reducir sus emisiones de CO2. Shell argumentó que para lograr los objetivos del Acuerdo de París se requiere de un esfuerzo concertado de toda la sociedad.
Con esto buscaba diluir su responsabilidad bajo el lema “todos somos responsables”, sin reparar que las responsabilidades de la crisis climática deben ser diferenciadas. No es lo mismo las emisiones de una petrolera que la de quienes usan un auto.
Es más, en el expediente del caso se lee que el conglomerado Shell consiste de mil 100 empresas que operan en 160 países. En conjunto, representa a una de las principales empresas de combustibles fósiles del mundo y es “responsable de una parte significante de emisión de CO2”. Se apunta, además, que esas emisiones exceden las de muchos países y contribuyen al Cambio Climático; que conlleva riesgos y consecuencias “serias e irreversibles” para los habitantes de Holanda (punto 4.4.16).
Según reporta la revista Fortune, Shell emite 9 veces más que toda Holanda, y representa el 1% de las emisiones globales.
Resolución del tribunal
Entre los argumentos considerados por el tribunal para llegar a la resolución, se encuentran los referentes a los impactos que ya son notables en Holanda y en los estuarios del Mar de Wadden.
Por ejemplo, olas de calor, sequías, inundaciones, deterioro de ecosistemas y amenaza a la producción de alimentos. Entre los daños a la salud identifica: incremento de enfermedades infecciosas y aumento de la exposición a radiación UV, entre otras (punto 2.3.7 a 2.3.9).
Vale la pena mencionar que el tribunal hizo lugar al peso de la mejor información científica disponible sobre Cambio Climático y la forma de prevenirlo; así como a los elementos referentes a la protección de los derechos humanos. En particular el derecho a la vida familiar, que consta en el corpus jurídico de Holanda.
Como ya fue informado, la conclusión a la que llegó el tribunal fue que Shell debe reducir en 45% sus emisiones para fines de 2030, en relación con los niveles de 2019.
Reducción de GEI
Lo anterior, a lo largo de toda su cartera de proyectos y en las tres dimensiones en las que se ubican: emisiones directas de fuentes que sean propiedad o controladas totalmente, o en parte, por la empresa; emisiones indirectas de terceras partes de las cuales la empresa haya comprado o adquirido electricidad, vapor o calor para sus operaciones; todas las otras emisiones indirectas resultantes de las actividades de la empresa, y que resulten en la emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de fuentes propias o controladas por terceras partes, tales como sus proveedores y clientes que usan o adquieren petróleo y gas.
Como se ve, el significado de la resolución es mayúsculo, porque no se queda solo en la responsabilidad inmediata o más visible, sino que va más allá.
La crisis climática sigue agravándose. Según la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), la concentración de CO2 ya es 50% más que en tiempos preindustriales. Los datos generados por este organismo revelan que, en mayo, durante el pico anual de concentración de CO2, se acumularon 419.13 ppm. Esto es 1.82 ppm más que el año pasado. Sin embargo, poco a poco, país a país, el movimiento global por la protección del clima le va arrebatando la licencia social que las grandes empresas responsables de esta crisis venían gozando.
Para consultar el expediente completo: se puede ingresar a la siguiente liga: https://bit.ly/3d3fjUO
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